viernes, 25 de marzo de 2011

Mario Rapoport y el 24 de marzo de 1976

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales.
El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas.
Una segunda etapa comenzó en diciembre de 1978, con la aplicación de la “tablita cambiaria”, que consistía en devaluaciones programadas inferiores a la inflación. Estas apreciaron el peso, agravaron el cierre de las industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados, e impulsaron una gran salida de divisas, a causa de los déficit comerciales y de servicios, como los intereses pagados al capital extranjero y el turismo al exterior. Esos déficit se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa que ya en 1981 produjo una primera crisis de graves consecuencias por la elevación de las tasas de interés internacionales.
De todas las medidas económicas tomadas en aquella época, el país heredó varias que no han sido hasta ahora modificadas, algunas de las cuales, incluso, se profundizaron en los años ’90. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, ambas nacidas como decretos de la dictadura militar.
La primera de ellas comenzó a regir desde la aplicación de otra medida que autorizaba al Banco Central a restituir a las entidades financieras la facultad de captar depósitos por cuenta propia y fijar las tasas de interés activas y pasivas, sobre la base de la garantía de los depósitos otorgada a esas entidades. La Ley Nº 21.526 establecía un nuevo régimen según el cual el Banco Central tendría la facultad de superintendencia mientras se valoraba la libre competencia como el medio idóneo para lograr un sistema más eficiente.
Los efectos de estos cambios con la legislación que los profundizó durante el menemismo produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas sobre la producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las grandes corporaciones de colocar sus superávit de liquidez y obtener mayores rentabilidades aprovechando la diferencias entre las tasas de interés locales y las internacionales.
También, como señala un trabajo reciente del Cefid/ar, dio como resultado una notable extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos privados –pero sobre todo en los extranjeros–, un sistema crediticio determinado por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo. Esta ley constituyó sin duda una de las causas principales que provocaron la crisis del 2001 y, aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones regulatorias que morigeraron sus consecuencias, los rasgos estructurales del sistema permanecen incólumes, especialmente la estructura crediticia. Sólo la acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la anterior.
En cuanto a la ley de inversiones extranjeras, produjo una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales. Esto acentuó el proceso de desindustrialización, porque ese capital no se ubicó en sectores industriales y, además, como la ley no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local de las ganancias empresariales.
El gobierno de Menem liberalizó aún más esta norma al establecer que los inversores pueden colocar sus capitales sin aprobación previa y repatriar sus utilidades en cualquier momento. Una consecuencia posterior fue la aceptación de la intervención de instituciones internacionales como el Ciadi, que obliga a resolver los conflictos derivados de ese tipo de inversiones en juzgados del exterior, transgrediendo principios cardinales de la política exterior argentina, como las doctrinas Calvo y Drago.
Esta ley debe igualmente modificarse. Para ello existe un proyecto de los diputados Basteiro y Rivas en la cual se establecen nuevas normas regulatorias que restringen, por un lado, la radicación de capital extranjero a áreas claves de la actividad productiva, de los servicios y de la seguridad nacional y, por otro, establecen la necesidad de integrar esas inversiones a un plan estratégico de desarrollo industrial diversificado, priorizando el empleo de personal de nacionalidad argentina y determinando condiciones más estrictas para la repatriación de capitales.
Para culminar, la herencia de la dictadura no termina allí; paradójicamente una de las resoluciones que tomó Martínez de Hoz, porque afectaba sus propios intereses, fue la supresión del impuesto a la herencia, una decisión que ahora acaba de revertirse en parte en la provincia de Buenos Aires.
El país ha avanzado enormemente de un modelo rentístico financiero en lo económico y de exclusión en lo social a un modelo productivo e inclusivo, pero eso no se refleja todavía en el cambio de instituciones creadas durante la dictadura militar, una realidad que hay que reparar con urgencia, porque si las políticas son diferentes la persistencia de la instituciones constituye un palenque donde puede aferrarse de nuevo el fantasma del neoliberalismo.

El Virreinato del Río de la Plata. Breve cronología de sucesos.

El Virreinato del Río de la Plata 1776-1810.
“Desearía, caballeros, que nos hubiesen informado de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires…de haberlo sabido, nosotras las mujeres nos habríamos levantado unánimente y rechazado a los invasores a pedradas”.

El Virreinato del Río de la Plata.

En enero de 1680 Manuel Lobo, recibiendo órdenes del Rey de Portugal, zarpó de Río de Janeiro y el 22 del mismo mes fundó la Colonia de Sacramento. España protestó por lo que consideraba era territorio español en el Río de la Plata. El objetivo visible de los portugueses era no sólo tomar posesión de la Banda Oriental (hoy Uruguay), sino también establecer frente a Buenos Aires una base o punto de recalada para los buques ingleses (aliados de Portugal) que manejaban el comercio por contrabando. Recordemos que existía prohibición de comerciar con América, y solamente lo podía realizar España.
En la desesperación por recuperar la costa uruguaya y evitar el contrabando, España en 1750 firma el Tratado de Permuta, por el cual Portugal devolvía la Colonia y España le entregaba las Misiones Jesuíticas a estos. Incluso hubo una guerra, que fue una matanza, contra los jesuitas y los indios guaraníes que no querían ser despojados de su territorio. Las misiones se entregaron pero Portugal, con distintas excusas dilató la entrega de la Colonia. El Gobernador de Buenos Aires Pedro de Cevallos, la recupera por la fuerza en 1761, pero debe devolverla, luego de que España la volviera a ceder en el Tratado de París de 1763.
El 31 de enero de 1761 Luis de Bougainville, nacido en Saint Maló, toma a nombre del rey de Francia las Islas Malvinas, fundando Puerto Luis (donde actualmente se encuentra Puerto Argentino). Las Malvinas pertenecían a España, que las había descubierton en el año 1520. España protestó contra Francia y su rey reconoce el derecho de soberanía español sobre las islas. El Gobernador de Buenos Aires, Felipe Ruiz Puente, zarpa para Malvinas en 1767.
Pero por la misma época en que Bougainville funda Puerto Luis, Los ingleses al mando del Almirante John Byron, funda el 11 de enero de 1765, en la Malvina Occidental Puerto Egmont, tomando posesión para Inglaterra. Nuevamente España protesta, pero al no ser reconocida, decide el 10 de junio de 1770, recuperar las Islas por la fuerza. Los ingleses se rinden. Los ingleses humillados, querían ir a la guerra, la cual es detenida, devolviéndoles Puerto Egmont, con la promesa de que la abandonarán. La promesa nunca fue escrita, fue de palabra, pero Inglaterra el 20 de mayo de 1774 la cumple. No volverá hasta 1833, cuando las usurpan por la fuerza hasta el día de hoy.
Todos estos hechos demostraban la necesidad de contar en el sur de América una unidad política, económica y militar fuerte, grande y que tuviera la suficiente fuerza para que tanto los ingleses como los portugueses no se apoderaran de ella. Se crea así el Virreinato del Río de la Plata, con Capital en Buenos Aires y con su primer Virrey Don Pedro de Ceballos.
En junio de 1806, Inglaterra, que busca apoderarse de puertos y ciudades que les sirvan para vender sus productos y comerciar, decide apoderarse de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad se rinde, luego que el Virrey Sobremonte escapara con los caudales (el oro) de la ciudad. Eran 5000 ingleses que inmediatamente tomaron la ciudad pidieron refuerzos a Londres. El 12 de agosto de 1806 van a ser expulsados, con la ayuda de toda la población, al mando de Martín de Alzaga y del General Santiago de Liniers. El Virrey brillaba por su ausencia. Cuando aparece en enero de 1807 con los refuerzos, es destituído por el Cabildo Abierto de Buenos Aires, que nombra a Liniers como Virrey Interino. La segunda invasión ya eran 10.000 los soldados ingleses que atacan Buenos Aires, la cual es defendida los días 5, 6 y 7 de julio de 1807. Inglaterra cambiará la forma de actuar con Buenos Aires.

“América del Sur nunca sera conquistada por Inglaterra”.

“Quien basándose en los sentimientos de la gran masa del pueblo espere ayuda de ella para sus propósitos, no conoce al pueblo de Buenos Aires. Debe asegurársele que el objeto de Gran Bretaña es darles independencia; aunque están decididamente inclinados a liberarse del yugo de España, son aún más hostiles a aceptar a el de cualquier otra nación; al conquistarlos ataríamos una piedra alrededor de nuestros cuellos” Gral. Whitelocke, 1807.
“Debemos actuar de manera acorde con los sentimientos y los intereses del pueblo sudamericano...debemos abandonar la esperanza de conquistar esta extensa región contra el temperamento de su población...si nosotros nos acercamos a ellos como comerciantes y no como enemigos, podríamos dar energía a sus impulsos locales y conseguiríamos abrogar las prohibiciones contra nuestro comercio. Que es nuestro gran interés”. Mtro. Castlereagh.